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Policías portarán armas fuera del trabajo

Director de la PNC aseguró que no significa que dejarán de ser víctimas. Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron las propuestas de reforma a la ley enfocadas a la legítima defensa. Héctor Samuel Ramos Argueta, de 42 años, salió el viernes pasado por la tarde de licencia. Ese día, el director general de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, giró la instrucción para que los jefes de unidades policiales autorizaran al personal a su cargo, de manera temporal, portar el arma de fuego en días de licencia, permisos o descanso semanal. Ramos se llevó la suya.

Al siguiente día, Ramos se dirigió, como de costumbre, a verificar dos terrenos pequeños de su propiedad y a alimentar a algunos animales. Acordó encontrarse con su familia en la segunda parcela, pero no llegó. A las 5:30 de la tarde del sábado 25 de octubre, los hijos del cabo de la PNC, con más de 10 años de servicio, lo encontraron muerto con al menos 22 impactos de bala. La Fiscalía informó que las lesiones en su cuerpo pudieron haber sido efectuadas con el arma de equipo de Ramos, que posteriormente le fue decomisada a Óscar Arnulfo Quintanilla Cruz, de 30 años, uno de los capturados por el homicidio del cabo.

De acuerdo con el memorándum 09451, la nueva medida es parte de las acciones tras los ataques ocurridos contra agentes de la PNC. Según el documento, este también fue ejecutado el 4 de enero de 2011, cuando el actual director, en funciones de subdirector general, autorizó la portación de armas a los agentes, sin cumplir con los requisitos establecidos. 

“La medida es de forma temporal y hasta una nueva orden, los mandos policiales, los jefes de la unidades policiales están autorizados para aprobar la portación de arma de fuego de equipo a todo aquel miembro de la corporación que lo considere necesario”, argumento el director ayer. 

Pese a que la disposición pretende que los policías puedan utilizar su arma para defenderse de los ataques de pandilleros, Ramírez Landaverde estimó que la medida, a priori, no significa que no podrán ser víctimas de la violencia y de los grupos delincuenciales. 

“Esto no representa ningún inconveniente o que no vaya a significar ningún riesgo para que un miembro de la PNC sea víctima de este tipo de ataques”, comentó.

Una situación similar le ocurrió con Rivera, quien fue sepultado ayer por sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo en Jocoatique, Morazán, su ciudad natal. El cabo fue asesinado el sábado en el cantón Zamorano, en Jiquilisco, Usulután.

Juana Argueta, su esposa, lloró ayer al ver colocar la ofrenda floral y cuando sonaron los 21 disparos en honor a él. También recibió con sollozo la bandera de El Salvador de manos del jefe regional de la PNC, Fritz Dennery Martínez, y luego escuchó dos canciones que le fueron dedicadas a su esposo. Una de ellas fue entonada por los acompañantes.

Con las fuerzas que aún le quedaban, Juana se dirigió al podio y agradeció a los presentes, pero también lamentó la muerte de su esposo. “Estoy muy agradecida con todos, pero no es nada agradable este momento, estoy consternada, esta pérdida es irreparable. Están bien los honores, pero no compensa”, reclamó.

La portación de las armas de fuego de los policías, cuando estén fuera de su jornada laboral, ha sido un tema de discusión. 

La Policía no autorizaba la salida de las armas, justificando, en el algunos casos, que estas podrían ser utilizadas en casos de violencia intrafamiliar o desordenes públicos.

Sin embargo, debido al constante acoso de las pandillas, quienes han ordenado los ataques desde centros penales, según PNC, las autoridades consideraron que podría ser una opción de legítima defensa ante cualquier atentado. 

Legítima defensa

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer un dictamen favorable de la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, que establece que una persona, que actuó en legítima defensa y si el fiscal del caso considera que la causa es admitida, no será capturada por ello. El dictamen deberá ser aprobado con 43 votos en la próxima plenaria.

Según la diputada del FMLN Jackeline Rivera, fracción que no apoyó la primera iniciativa de reforma, el fiscal es el que determinará, según las pruebas encontradas en el lugar del hecho, si realmente la persona se defendió. De ser así le serán decretadas algunas medidas, manifestó. 

Aunque existen cuestionamientos de que puede tratarse “una licencia para matar”, el diputado Rafael Machuca, del PCN, consideró que la ley no establece dicho parámetro. “Quienes tienen que responder si es posible de lo que estamos hablando es la PNC y la Fiscalía, porque ellos son los que van a aplicar la ley”, argumentó.

La primera propuesta fue vetada por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien consideró, entre otras cosas, que la modificación podría aumentar la violencia en el país.

 

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