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COLUMNA: Capitalismo a la chilena y elecciones presidenciales (El Mostrador, Chile)

En una interesante nota, El Mostrador ha informado que el economista y doctor en economía del MIT, Andrés Solimano, ha lanzado su libro “Capitalismo a la Chilena”, en el que reúne pruebas de que en el país se instauró un tipo de capitalismo que, inspirado en la escuela de Chicago (Friedman, Hayek et al) —cuya dirección ideológica es defender la libertad vía una economía competitiva, con múltiples y diversos productores, evitando los monopolios— terminó con un modelo corporativo, de conglomerados, dominado por pocos operadores.

Según la crónica, Solimano estima que este resultado (aparentemente no previsto) se produjo a raíz de un marco institucional que nos condujo a una democracia en la que el poder de recompensa acumulado por las corporaciones ha ido mutando en poder de referencia, con el que influye significativamente en los poderes experto, legítimo y de coacción, consiguiendo impactar eficazmente en las decisiones políticas y sociales. Para muestra nos recuerda que las AFP cayeron de 22 a seis en 25 años; las farmacias, desde cientos de barrio, a solo tres grandes cadenas, dos bancos manejan el 66 % de las colocaciones y, en fin, la tendencia concentradora se aprecia en el retail, telecomunicaciones, Isapres, transporte, energía, minería y otros.

Aunque, por cierto, hay excepciones —restaurantes, agricultura, hoteles, construcción, comercio detallista, etc.— la tendencia ha sido hacia la conglomeración, lo que resulta lógico cuando la señal es la ganancia, factor del que depende la sobrevivencia del negocio: en tales condiciones, cualquier competidor, por pequeño que sea, resta utilidades y complota contra la renta del capital principal. De allí, las querellas en los tribunales en contra de las barreras que grandes empresas ponen a la entrada de nuevos competidores y los recurrentes alegatos contra “dumping” internos y externos que sacan, vía precios anormalmente bajos, a jugadores de la cancha.

Se ha dicho, por otro lado, que la concentración productiva es positiva en la medida que —en un mundo globalizado— ser grande permite mejorar la competitividad internacional —donde los players son enormes y eficientes— y que los monopolios de producción en una economía abierta no son dañinos para los consumidores, como sí lo son los de distribución, a los que hay que normar jurídicamente.

Pero como las normas y leyes —cuya mayor parte se presume evolutiva y no intangible— las redactan, supuestamente en representación de la ciudadanía, personas de carne y hueso en el Congreso y Ejecutivo, el enorme poder acumulado por los grupos y corporaciones hace que tal legislación, siendo legítima en su modo de origen, se ajuste demasiado nítidamente a requerimientos de los incumbentes (empresas y elites políticas). Es cierto que este fue un escenario que durante décadas otorgó gran estabilidad institucional, consolidando el statu quo e incentivando inversiones y proyectos. Pero, los excesos de algunas corporaciones —cada vez más bullados y transparentes gracias a las redes sociales, donde cada quien es un medio— enervan la dignidad de millones de ciudadanos que ven burlada la expresión de su voluntad a través de los mecanismos democráticos diseñados al efecto.

Este desequilibrio, por lo demás, ha permitido al modelo chileno experimentar incluso con la aplicación masiva de la señal del lucro en sectores en que otras naciones capitalistas y libertarias no se han atrevido (educación, pensiones, salud) exacerbando la lógica de la eficiencia y la ganancia, por sobre la eficacia social, que supone una estabilidad consentida, más que forzada, que responde a objetivos valorados por la mayoría y respecto de los cuales pareciera haber disposición ciudadana a postergar otras necesidades para lograrlos, aceptando que las necesidades son infinitas y los recursos escasos y que, por consiguiente, hay que priorizar. De allí que el economista recuerde las insuficiencias del modo de evaluación con que las elites han mirado el progreso: crecimiento del PIB e ingreso per cápita. Pero la consabida desigualdad que ubica a Chile entre los países con peor coeficiente de Gini, nos refresca las inequidades de los promedios. El propio el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, ha dicho que la gran asignatura pendiente de América Latina es una reforma fiscal que cree un sistema más equitativo.

Es decir, buscando orden, estabilidad, progreso y libertad, el país ha tenido como resultado un modelo económico concentrador, un sistema democrático más bien formal y una sociedad adormecida que no hace nada o muy poco por cambiar sus condiciones, porque, para hacerlo, habría que conseguir reformas políticas que aquellas elites tampoco parecen dispuestas a materializar, habida cuenta su confortable posición. “Toda elite que cambia la realidad puede cambiar su condición de elite, entonces no quiere arriesgarse”, nos dice Solimano.

Chile tiene, por primera vez en su historia, alrededor de 5 mil familias cuyo patrimonio total supera el 60 % del Producto Interno (y 10 que aparecen entre las 500 más ricas del mundo), lo que brinda al país una capitalización sin precedentes —incluidos los casi US$ 160 mil millones ahorrados por los trabajadores en las AFP—, amplias potencialidades de desarrollo, pero también significativo poder de construcción de futuro a esos grupos, mediados sólo por las leyes —varias ajustadas a sus intereses—, su legitimidad social, la paciencia ciudadana y la mera voluntad de hacer, amparados por el derecho de propiedad y libertad de emprender consagrados en el país.

Este desequilibrio pudiera, pues, tener consecuencias para una democracia —gobierno de mayorías— sana y viable. Siendo ella más que una forma de vida, un modelo de resolución pacífica de las controversias entre personas libres y con intereses diversos, tal desbalance deja el peso de la prueba en los que tienen el poder para el cambio de la gestión económica y política de futuro. La evidencia de que la ciudadanía espera más de sus elites -y que cuando responden las premia con su aprobación- puede observarse positivamente en la popularidad del Sernac, aunque negativamente en la abstención de las recientes elecciones municipales, las centenares de manifestaciones estudiantiles, ciudadanas y laborales y la mala imagen que, como en los ’60-70, ha vuelto a tener el empresariado, merced a propios deslices.

De allí que las apreciaciones de realidad de Solimano, por lo demás ampliamente compartidas por el sentido común, sean útiles para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. En la ocasión, quienes creen en la libertad y progreso, enfrentarán la exigencia de elegir a una elite política que sea capaz de plantearse pacíficamente, con inteligencia, raciocinio, convicción, capacidad y éxito –que es lo que importa-, frente a la tensión entre los intereses ciudadanos y los de las elites económicas, cuyo papel social es producir valor con eficiencia, riesgo, inversión y tecnología y no conducir los destinos del Estado.

Esta es una tarea de primordial relevancia, pues de esa elite política dependerá la evolución hacia un sistema institucional que procese mejor las demandas de las personas, mediante un ajuste interpretativo de hechos que, como los citados por Solimano, ya caen de maduro. La ciudadanía quiere libertad, diversidad, mercado abierto al mundo, acceso al consumo, pluralidad, respeto a la propiedad y ganancias legítimamente conseguidas con esfuerzo, para seguir progresando. Pero para que aquello sea practicable, es menester revisar los resultados del modelo, asegurando las bases que hicieron posible esas libertades, aspiraciones y derechos, estimulando la creatividad de millones de nuevos pequeños emprendedores, pero también vigilando la natural agresividad de poderes económicos sin contrapesos, de manera de ajustarlos civilizadamente a las mejores expectativas y sueños del conjunto social.

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Por Roberto Meza

Publicado el 21 de noviembre de 2012

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